Los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP) de España, presentes en 44 zonas costeras, y representantes de más de 1.200 entidades vinculadas al sector marítimo-pesquero, han hecho público un Manifiesto en defensa del Desarrollo Local Participativo (DLP) y han solicitado una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el objetivo de abordar el futuro del modelo en el próximo marco financiero europeo 2028–2034.
El documento, firmado conjuntamente por los GALP españoles, recuerda que el DLP es una herramienta eficaz, participativa y esencial para la cohesión territorial, con resultados ampliamente contrastados: durante el periodo FEMP 2014–2020, los GALP impulsaron 2.645 proyectos, con una inversión superior a 170 millones de euros, alcanzando un 96% de ejecución de los fondos previstos.
El Manifiesto destaca que el DLP:
-Refuerza la cohesión territorial y social de las comunidades costeras.
-Impulsa la sostenibilidad, la innovación y la diversificación de la Economía Azul.
-Facilita la gobernanza compartida entre administraciones, sector pesquero, empresas y entidades sociales.
-Permite financiar proyectos que difícilmente accederían a otras vías de apoyo.
Asimismo, los GALP alertan de que la posible integración del DLP dentro del enfoque LEADER supondría un retroceso, pues ambos modelos responden a realidades territoriales y socioeconómicas muy distintas.
Por este motivo, los GALP han remitido una carta al ministro Planas solicitando una reunión urgente para trasladar de manera directa la posición común del sector y sus propuestas para reforzar su papel en el próximo FEMPA 2028–2034.
En juego la supervivencia del sector
Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola y vicepresidenta del GALP Bahía de Santa Pola, que reúne además a la isla de Tabarca, Guardamar y Torrevieja, ha declarado que “el Ministerio debe ser consciente de la gran importancia que tiene el sector pesquero en municipios como el nuestro, donde es una actividad histórica y artesanal de la que dependen no sólo los propios pescadores y la industria auxiliar, sino también la hostelería y el turismo. No podemos seguir consintiendo el maltrato que reciben nuestros pescadores por las políticas que se deciden en Bruselas, porque está en juego su supervivencia y debemos seguir luchando por unas condiciones de trabajo más justas”.
Los GALP españoles reiteran que las comunidades pesqueras “no piden privilegios, sino confianza y medios para seguir siendo motor de desarrollo, innovación y sostenibilidad en el litoral español y europeo”.